Si las noticias son ciertas el yacimiento afectado (en todo o en parte) es el del Alto de San Andrés, un cementerio (o necrópolis, en jerga arqueológica) catalogado como altomedieval (ss. VIII-XI). Se trata, en efecto, de sepulturas en cista (fosas excavadas con paredes de piedras hincadas) y en el camino se apreciaban claramente varios enterramientos. El yacimiento está catalogado y figura claramente situado. Pero hay más. Un cementerio no aparece porque sí. En primer lugar, está cerca de un núcleo habitado (en esa época parece que Población aún no existía, pero puede no ser así) y en terreno consagrado, es decir, muy cerca de algún edificio que lo sacralizase, tipo iglesia o ermita. Al otro lado del camino, en efecto, se aprecian restos de muros trabados con argamasa.
En cualquier caso, la zona estaba catalogada como yacimiento arqueológico inventariado, que la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en su artículo 17.3 c define como:
c) Llugares o parajes a los que se refiere el apartado e) del artículo 8.3 que, no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial o aquellos donde se presume razonablemente la existencia de restos arqueológicos.
Sobre la destrucción total o parcial de un yacimiento arqueológico inventariado, la ley lo considera como una falta grave sancionable entre 6.000 y 150.000 euros en función del daño realizado y la categoría de los restos. Lo que falta por determinar es quién se considera culpable del hecho, por cuanto la empresa que lleva a cabo las obras debía de estar informada de la presencia del yacimiento y de las medidas a tomar en cuenta.
Si hay sanción (y hay precedentes) y tendiendo en cuenta que hay unos 25 yacimientos catalogados en el valle, será curioso ver el precio que le ponen a la destrucción. Si son solo 6.000 euros, está claro que cualquier empresa puede incorporar en su presupuesto de gastos el pago de la multa correspondiente (el viejo chiste del juez, la bofetada y la multa).
Malos presagios aparte, en este caso, una vez realizada la denuncia es la administración quien ha de valorar el daño, determinar quién es el culpable y, en su caso, sancionarlo. Pero desde luego las obras se han de parar hasta que se realicen los informes pertinentes o se hagan las excavaciones arqueológicas necesarias para valorar la importancia del lugar.

A ver si me sale.
Sacadas de http://www.valdivielso.net/fotos.php?
&id_categoria=155&id_imagen=1501

Aquí, hecha la zanja.


Restos


La zanja abierta para hacer el camino


Mandíbula